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El anuncio de que no habría más elecciones, la marcha atrás para reintroducirlas sin oposición y la reforma que ya priva de nacionalidad a quien tiene otra muestran a un poder que dejó de conformarse con ganar: ahora decide, por ley, quién tiene derecho a existir.

El 19 de julio, Daniel Ortega afirmó que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones». Dos semanas después corrigió el rumbo: sí las habrá, pero mediante una reforma constitucional que excluye de antemano a quienes califica de «terroristas y golpistas», es decir, a cualquier oposición con capacidad real de competir. El resultado práctico apenas cambió; lo que cambió fue el instrumento. Lo que en julio se presentó como cancelación del voto se convirtió, tres semanas después, en algo más preciso y revelador: una ley que decide, antes de que se abra una sola urna, quién puede aspirar al poder y quién no. Ese giro condenso mejor que cualquier categoría abstracta el fenómeno que interesa entender.

El autoritarismo busca controlar el poder político y neutralizar a quienes amenazan su permanencia. Una lógica totalizante va más lejos: pretende extender ese control sobre los espacios autónomos de la sociedad, sobre lo que la gente puede organizar, enseñar, publicar o creer sin autorización previa. La diferencia no es académica. Determina qué está dispuesto a controlar un régimen y hasta dónde está dispuesto a llegar. Nicaragua, ocho años después de las protestas de 2018, obliga a formular esa pregunta con una precisión que el propio régimen se ha encargado de proporcionar.

El régimen Sandinista de Ortega y Rosario Murillo no se ha limitado a perseguir adversarios políticos. Ha intervenido la prensa, las universidades, las organizaciones civiles, las instituciones religiosas y la propia definición de quién puede ser nicaragüense. Desde 2018, más de 5.500 organizaciones han perdido su personalidad jurídica, alrededor del 80 % de las que operaban legalmente ese año según cifras de Human Rights Watch, entre ellas universidades, colegios profesionales y grupos humanitarios. Más de 200 miembros de la Iglesia católica han sido forzados al exilio, deportados o se les ha negado el reingreso desde 2022. Al menos 452 nicaragüenses han sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad, muchos convertidos en apátridas y despojados también de sus bienes. El fenómeno central ya no es la eliminación de la competencia electoral. Es la reducción sistemática de todo espacio que la sociedad pudiera ocupar sin depender del Estado.

Aplicar aquí, sin más, la categoría de totalitarismo en el sentido clásico de Hannah Arendt, o de Carl Friedrich y Zbigniew Brzezinski, exige elementos específicos que deben demostrarse y no presumirse a partir de la intensidad de la represión: una ideología transformadora con vocación de rehacer la naturaleza humana, un partido de masas capaz de movilizar por convicción y no solo por miedo, un terror que penetre hasta la vida privada de cada ciudadano. Nada de eso describe con precisión a Nicaragua. Pero tampoco basta con llamarlo autoritarismo convencional, porque la ambición de control ya alcanza a las universidades, a las iglesias, a la nacionalidad misma y a la definición legal de quién puede gobernar.
Juan Linz, en el trabajo que desarrolló después junto al politólogo H. E. Chehabi, distinguió un tercer registro entre el autoritarismo y el totalitarismo: el sultanismo, regímenes donde el poder se ejerce como patrimonio de una persona o una familia, sin ideología movilizadora más allá de la lealtad al gobernante, con las fronteras entre lo público y lo doméstico disueltas.

Aquel volumen citaba como uno de sus casos latinoamericanos de referencia a la dinastía somocista, la misma que el sandinismo derrocó en 1979. Casi medio siglo después, la fórmula que reemplazó a los Somoza reproduce buena parte de sus rasgos: una copresidencia matrimonial vigente desde febrero de 2025, un hijo, Maurice Ortega Murillo, nombrado delegado presidencial para el deporte el pasado 27 de julio pese a que la Ley de Probidad de los Servidores Públicos (Ley 438) prohíbe expresamente nombrar familiares en cargos públicos, y otro hijo, Daniel Edmundo, sancionado junto a él por el Tesoro de Estados Unidos en abril por canalizar recursos del oro hacia el propio régimen. En marzo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documentó que fondos públicos destinados a asistencia social fueron desviados desde 2018 mediante una estructura paralela dentro del FSLN para financiar la represión, incluida la llamada «Operación Limpieza» contra las protestas de aquel año. Un Estado cuyo presupuesto se administra como caja familiar y cuya sucesión se negocia puertas adentro se explica mejor como sultanismo que con cualquiera de las otras dos categorías.

La reforma constitucional de febrero de 2025 ilustra, además, lo que el jurista David Landau llamó «constitucionalismo abusivo»: el uso de procedimientos formalmente legales para desmontar, desde dentro, los límites que la propia Constitución impone al poder. Bajo la figura de una «reforma parcial», que la Carta Magna reserva para cambios puntuales y que solo exige la iniciativa del presidente o de un tercio de los diputados frente a la mayoría absoluta que exigiría una reforma total, se modificaron 148 de los 198 artículos de la Constitución y se derogaron otros 37, entre ellos el artículo 36, que prohibía expresamente la tortura, y el derecho de huelga. Juristas nicaragüenses lo han descrito con precisión: una reforma total del Estado disfrazada de reforma parcial. La derogación del artículo 36 no quedó en el papel: en agosto de ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las muertes bajo custodia estatal de Carlos Cárdenas Zepeda y Mauricio Alonso Petri y exigió investigaciones inmediatas e imparciales.

Meses después, otra reforma, aprobada en primera legislatura en mayo de 2025 y ratificada en enero de 2026, eliminó la doble nacionalidad, contradiciendo el texto que la misma dictadura acababa de promulgar: quien adquiere otra ciudadanía pierde automáticamente la nicaragüense. La exposición de motivos oficial no habla de soberanía ni de proyecto económico: habla de un «pacto sagrado de lealtad» que se rompe, según el propio texto, en cuanto alguien jura fidelidad a otro Estado. Es un lenguaje de lealtad personal, no de programa político, y confirma algo que conviene decir con toda claridad: el problema nicaragüense no puede explicarse mediante etiquetas ideológicas como «dictadura de izquierda». Lo decisivo no es el lugar que un régimen ocupa en el eje izquierda-derecha, sino la forma en que ejerce y conserva el poder, y aquí esa forma se parece más a un pacto de vasallaje que a cualquier programa de transformación social.

La represión, además, ya no se detiene en la frontera ni, para algunos disidentes, en la muerte. El GHREN documentó en junio que el régimen ha usado la violencia como arma política contra mujeres y movimientos de la sociedad civil para desarticular su capacidad organizativa, un hallazgo que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) incorporó a su resolución de condena de ese mismo mes. Al menos siete críticos exiliados han sido asesinados o atacados desde 2018, entre ellos el mayor retirado Roberto Samcam, tiroteado en su vivienda de San José, Costa Rica, en junio de 2025. En mayo de este año murió bajo custodia el líder indígena Brooklyn Rivera, pese a las medidas de protección que habían ordenado la Comisión y la Corte Interamericanas; cuando sus familiares viajaron desde Bilwi hasta Managua para reclamar el cuerpo, el Estado los encarceló en lugar de entregárselo.

Todo esto ha tenido respuesta internacional, aunque también límites evidentes. Desde 2018, los órganos de la OEA han tratado la crisis nicaragüense en al menos 64 ocasiones (29 sesiones del Consejo Permanente, ocho Asambleas Generales y 27 audiencias de la Comisión Interamericana) y han aprobado once resoluciones de condena, la más reciente en junio, sin que ninguna derivara en algo más vinculante. Nicaragua se retiró formalmente de la OEA en 2023 y más tarde del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero el Consejo renovó igualmente el mandato del GHREN por dos años más, y en febrero este concluyó que los ataques sistemáticos documentados desde 2018 constituyen crímenes de lesa humanidad. Washington presiona ahora por una respuesta hemisférica más «formal, institucional y colectiva»; Brasil se ha resistido. La relatora de la Comisión Interamericana para Nicaragua lo resumió con exactitud ante la propia OEA: el Estado nicaragüense se retiró de ese sistema; los nicaragüenses, no. Esa distinción, entre la salida diplomática de un gobierno y los derechos que le sobreviven, es también la que sostiene el valor de documentar hoy lo que todavía no se puede juzgar.

La eventual democratización, por ello, no puede reducirse a celebrar elecciones y sustituir a quienes gobiernan. Una transición sostenible tendría que reconstruir las instituciones independientes, restablecer las libertades de asociación y expresión, garantizar elecciones genuinamente competitivas, liberar a las personas privadas de libertad por razones políticas y crear condiciones para el retorno seguro de quienes debieron abandonar el país, incluidos quienes hoy son legalmente apátridas. Tendría también que asumir, no borrar, el expediente que el GHREN construye desde 2022 precisamente para cuando ese momento llegue: una amnistía que lo ignore no cerraría la herida, la trasladaría. Y tendría que ofrecer garantías reales a los sectores que hoy forman parte de las estructuras del Estado y podrían facilitar una salida ordenada, no como concesión generosa sino porque suele ser el precio de cualquier transición que no termine en una nueva guerra.

La finalidad no debería ser reemplazar una concentración de poder por otra, sino reconstruir una república en la que ninguna familia, partido, iglesia o ejército pueda situarse por encima de la Constitución que jura defender. Porque el desafío de Nicaragua no consiste solamente en cambiar quién gobierna. Consiste en recuperar una sociedad que pueda volver a organizarse, expresarse, educarse, creer y disentir sin pedir permiso al poder, el mismo poder que hoy decide, por ley, quién tiene siquiera derecho a llamarse nicaragüense.

Lesther Hamilton es un abogado nicaragüense, analista político y especialista en liderazgo. Posee una Maestría en Derechos Humanos y una Maestría en Derecho Empresarial, además de formación en coaching para liderazgo político. Se desempeña como instructor de defensa personal y promueve el fortalecimiento de capacidades ciudadanas, el liderazgo y el análisis de los desafíos políticos y sociales contemporáneos.

Fotografía: EPA/Jeffrey Arguedas Source: EFE / Jeffrey Arguedas/EPA