La seguridad se ha convertido en el eje central de las conversaciones en la sociedad costarricense. Hemos pasado de presumir nuestros niveles ejemplares de seguridad en comparación con otros países de la región, a anhelar los avances que ha logrado nuestro país hermano, El Salvador. Este último, que en algún momento fue el país más inseguro de la región y veía en Costa Rica un modelo a seguir, hoy es referente de un cambio radical.
Según una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), el 43,7% de los encuestados señaló que la inseguridad es el principal problema del país. Esto representa un aumento del 15,9% respecto al resultado de la misma encuesta en 2023, cuando la cifra era del 27,8%. Surge entonces la pregunta: ¿qué cambios percibe la sociedad costarricense para que se haya producido un incremento tan abrupto?
En 2023, aproximadamente el 70% de los delitos reportados estuvieron vinculados a ajustes de cuentas y venganzas, crímenes estrechamente relacionados con el crimen organizado. Esto según el Estado de la Nación del 2024. Algunos podrían objetar que estas cifras sólo afectan a quienes se involucran en estos grupos, pero la realidad es que también impactan a sus familiares e inocentes que se encuentran en el lugar y momento equivocados. El costo lo puede pagar tanto el deudor como un niño, una mujer embarazada o un hombre honesto que, por azar, termina cerca del objetivo del ajuste de cuentas. Esta es una realidad que el costarricense sufre.
Más allá del crimen organizado, que sin duda es un tema complejo y profundo, los reportes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ofrecen datos alarmantes. En 2024, el OIJ recibió un total de 112.020 denuncias, lo que representa un aumento de 1.892 denuncias respecto a 2023, cuando se registraron 110.128. Esta cifra de denuncias es la más alta de los últimos años y década. Estos delitos incluyen crímenes contra la propiedad, contra la vida y otros relacionados con la desaparición de menores y adultos. Esta situación afecta directamente al costarricense común: el trabajador que es asaltado, la familia cuya vivienda es saqueada, o quien ve vaciadas sus cuentas bancarias, entre otros delitos.
Frente a este panorama, surge la pregunta: ¿qué podemos hacer para mejorar la seguridad en el país? Existen dos posturas principales. Por un lado, quienes gustarían replicar el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele en Costa Rica; por otro, quienes consideran ese modelo un retroceso en materia de derechos humanos y lo califican de cuasi dictatorial. Una encuesta realizada por OPOL en 2024 reveló que el 85,7% de los encuestados conoce al mandatario salvadoreño y, de estos, el 81,4% tiene una opinión positiva sobre él, lo que permite suponer que muchos estarían de acuerdo con aplicar medidas similares en Costa Rica.
Sin embargo, existen evidencias de injusticias en el modelo salvadoreño. Aunque la reducción de la inseguridad en El Salvador es innegable y digna de reconocimiento, no se pueden ignorar los casos de personas inocentes encarceladas sin juicio durante el estado de excepción. Se estima que alrededor de 8.000 civiles inocentes han sido privados de libertad bajo sospechas basadas en tatuajes, denuncias anónimas u otros motivos no necesariamente vinculados al pandillerismo. Un caso emblemático es el de Ruth López, abogada y defensora de los derechos humanos; quien ha documentado estas injusticias y recientemente fue detenida sin pruebas concluyentes en su contra. En videos difundidos en redes sociales, López exige un juicio público, bajo la premisa de que quien nada debe, nada teme.
Este artículo no pretende aprobar ni desaprobar un modelo de seguridad específico. La reducción de la criminalidad en El Salvador tiene méritos que deben reconocerse. Más allá de eso, la intención es reflexionar sobre el rumbo que queremos para la sociedad costarricense. ¿Cómo resolveremos el evidente problema de seguridad que enfrentamos? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para lograrlo? Y, sobre todo, ¿estamos comprendiendo realmente las causas del problema?
La inseguridad no surge de la noche a la mañana; es un fenómeno multidimensional y estructural. No se puede responsabilizar a una sola administración por el incremento de la inseguridad, pues este problema lleva décadas gestándose en la institucionalidad costarricense. Ahora, su magnitud es tal que se desborda y no sabemos cómo erradicarlo o, al menos, reducirlo gradualmente. Las causas de la inseguridad están vinculadas a las oportunidades laborales que ofrece el país, al sistema educativo y su currículo, y a la manera en que abordamos los problemas que enfrenta la juventud costarricense. Si estos problemas no se atienden, terminan alimentando el crimen organizado y, en consecuencia, la inseguridad nacional.
El filósofo liberal John Locke afirmaba que la razón del castigo es imponer una pena proporcional a la transgresión, para reparar el daño y reprimir futuros delitos. Sin embargo, este objetivo parece distante en el sistema penitenciario costarricense, que no busca reparar el daño y al delincuente, ni reprimir eficazmente los delitos. Más bien, parece una red de cuido y de alcahuetería. Debemos preguntarnos si queremos un modelo que reduzca la inseguridad a costa de la libertad y propicie injusticias evitables mediante juicios justos.
El modelo salvadoreño ofrece lecciones valiosas, pero también aspectos que pueden mejorarse. Es fundamental que como sociedad evitemos caer en el populismo punitivo y en paradigmas adultocéntricos, como advierte la experta en seguridad Tania Molina Rojas en su libro Futuro Secuestrado, donde analiza la inseguridad desde una perspectiva multidimensional. Debemos fomentar espacios donde expertos comparen modelos exitosos a nivel mundial, identifiquen oportunidades de mejora y desarrollen proyectos de ley adecuados para Costa Rica.
Es importante también prestar atención a las propuestas en temas de seguridad, de los futuros candidatos presidenciales y sus bancadas de diputados. Si las propuestas nos garantizan seguridad, sin negociar la libertad. Llevarlos a debates serios, donde se planteen soluciones reales y acordes a nuestra realidad país. Tomando ejemplo de nuestros hermanos salvadoreños y modelos de éxito de otras latitudes, pero también se mejore aquellos aspectos que no son justos. Todo esto con el objetivo de promover la libertad, la paz y el desarrollo en Costa Rica, y la región.
Por: Fernando Ulloa
Director de Programa – IPADES