América Latina se ha convertido en uno de los epicentros globales del crimen organizado. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la región presenta la tasa de homicidios más alta del planeta, y cerca del 30% de estos están directamente vinculados a redes criminales transnacionales (UNODC, 2023), esta cifra, por sí sola, revela una realidad alarmante: la violencia no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de estructuras criminales que operan con impunidad y, en muchos casos, con complicidad estatal.

Estas organizaciones han dejado de ser simples cárteles de drogas; como documenta Insight Crime, grupos como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación han diversificado sus actividades: controlan territorios, extorsionan comunidades, lavan dinero a través de empresas legales y se infiltran en procesos electorales (Insight Crime, 2023). En zonas donde el Estado ha fallado, estas redes ofrecen servicios, empleo informal e incluso protección. Su poder no se basa únicamente en la violencia, sino en su capacidad para ocupar espacios abandonados por instituciones débiles o corruptas.

El caso de Ecuador ilustra esta transformación: la dolarización, implementada en el año 2000, estabilizó la economía, pero también facilitó el lavado de dinero al eliminar controles cambiarios (Banco Central del Ecuador, 2023). Se estima que entre el 2% y el 5% del PIB ecuatoriano proviene de actividades ilícitas (CELAG, 2023). En 2023, Ecuador incautó casi 200 toneladas de cocaína, la segunda cifra más alta del mundo (Insight Crime, 2024). Sin embargo, la violencia se disparó; la tasa de homicidios pasó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2016 a 44,5 en 2023 (BBC, 2024). La respuesta estatal ha sido militarizar la seguridad pública, pero sin una estrategia integral, el resultado ha sido más represión y menos libertad.

En contraste, Panamá ha optado por una estrategia más eficaz: el Plan Firmeza y la Unidad de Seguridad Fronteriza Humanitaria han logrado reducir en un 100% la migración irregular en zonas del Tapón del Darién, debilitando las finanzas del Clan del Golfo (Solís Velásquez, citado en UNODC, 2023). Esta política se ha basado en cooperación regional, inteligencia compartida y prevención primaria. Como afirma el propio Solís: “trabajar la prevención primaria es más barato y más efectivo que llenar cárceles”; es decir, invertir en soluciones estructurales, no en expansión punitiva.

Haití representa el extremo opuesto: el colapso total, más del 80% de Puerto Príncipe está controlado por pandillas (Roisum, 2025). La policía nacional ha sido infiltrada, el gobierno carece de legitimidad, y la población vive bajo un régimen de terror. La propuesta de una fuerza multinacional liderada por Kenia ha sido criticada por su falta de planificación y antecedentes de abusos. Roisum propone una alternativa: apoyar al Acuerdo de Montana, una coalición de organizaciones haitianas, con condicionalidad de la ayuda y operaciones limitadas para recuperar infraestructura crítica. Es decir, fortalecer actores locales legítimos, no imponer soluciones externas.

La prevención del delito, como plantea el modelo de Leavell y Clark (1965), debe abordarse en tres niveles: primaria, secundaria y terciaria. Sin embargo, en América Latina, la prevención terciaria —centrada en la rehabilitación de delincuentes— ha predominado, saturando cárceles sin reducir la violencia. En cambio, la prevención primaria —que busca transformar las condiciones estructurales que generan inseguridad— ha sido ignorada. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ha financiado proyectos que articulan los tres niveles, como la reforma penitenciaria en Perú y estudios sobre economías ilícitas en Uruguay (CAF, 2023). Estas iniciativas demuestran que es posible diseñar políticas eficaces sin caer en el asistencialismo ni en el punitivismo.

La cooperación internacional ha sido ambivalente. Estados Unidos destinó más de 2.600 millones de dólares a Centroamérica entre 2015 y 2018 (U.S. State Department, 2018), pero muchos programas han sido criticados por su enfoque punitivo y su escasa articulación con las comunidades. La Iniciativa Mérida y la Estrategia de Seguridad Regional canalizaron miles de millones en asistencia técnica, pero sin transformar las causas estructurales de la violencia; en años recientes, se ha observado un giro hacia enfoques más integrales, como la inclusión de Haití en la Global Fragility Act.

La seguridad ciudadana no puede seguir siendo entendida como una función exclusiva del Estado. Las redes criminales operan con lógica empresarial, aprovechan vacíos institucionales y se adaptan con rapidez. Como señala la Organización de los Estados Americanos: “solo una red puede enfrentar a otra red” (OEA, 2025). Esto implica construir alianzas descentralizadas, basadas en inteligencia, cooperación técnica y respeto a las libertades individuales. La seguridad no se impone desde arriba; se construye desde abajo, con ciudadanos libres, comunidades organizadas y mercados funcionales.

Enfrentar al crimen organizado requiere más que policías y cárceles. Requiere limitar el poder estatal, eliminar barreras al emprendimiento, fortalecer la transparencia financiera y empoderar a los individuos para que puedan vivir sin miedo y sin depender de estructuras ilegales. América Latina no necesita más Estado: necesita más libertad.

Fotografia: El Siglo de Durango.

Referencias

  • Banco Central del Ecuador (2023). 23 años de dolarización: El camino hacia la estabilidad monetaria. https://www.bce.fin.ec/publicaciones/editoriales/23-anos-de-dolarizacion-el-camino-hacia-la-estabilidad-monetaria
  • BBC (2024). El presidente Daniel Noboa declara la existencia de un «conflicto armado interno» en Ecuador. https://www.bbc.com/mundo/articles/c3gy2zz03dpo
  • CAF (2023). Proyectos de prevención en Perú y Uruguay. Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
  • CELAG (2023). Cuánto dinero se lava en el sistema financiero ecuatoriano. https://www.celag.org/cuanto-dinero-se-lava-en-el-sistema-financiero-ecuatoriano
  • Insight Crime (2023). GameChangers 2023: Los 5 protagonistas del crimen. https://insightcrime.org/es/noticias/gamechangers-2023-protagonistas-criminales
  • Insight Crime (2024). Cocaine Seizure Round-Up. https://insightcrime.org/news/insight-crimes-cocaine-seizure-round-up-2023
  • OEA (2025). Fortaleciendo la seguridad ciudadana: cooperación multiactor para la prosperidad compartida. https://www.summit-americas.org/sas/Dialogo_Politicas_Seguridad.html
  • Roisum, N. (2025). Rethinking U.S. Foreign Policy in Haiti: An Engaged Ally Approach. William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies. https://wjpcenter.org/publications/emerging-voices-january-2025-no-2
  • Solís Velásquez, L. (2023). Declaraciones sobre el Plan Firmeza. Citado en UNODC (2023).
  • UNODC (2023). Informe sobre crimen organizado en América Latina. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
  • U.S. State Department (2018). Estrategia para la Prosperidad y Seguridad Regional. https://www.state.gov/2018-strategy-for-central-america